Las grandes empresas —Gruma, Cargill y Minsa— están actuando como monopolio. Quieren que fracase la estrategia de comercialización del maíz impulsada por el gobierno federal, para comprar las cosechas a como les dé la gana. Quieren llevarse toda la ganancia de los productores y alientan las protestas contra el gobierno para que éste les dé los subsidios a los grandes productores, como era antes. Pero ese esquema se va a modificar. Este es el planteamiento central de la posición del gobierno de la 4T en torno al problema de la comercialización de la cosecha de maíz blanco de Sinaloa.
Con el criterio de “primero los pobres”, el gobierno federal y el gobierno del estado de Sinaloa han decidido comprar toda la cosecha a los pequeños productores, aproximadamente 14 mil ejidatarios y agricultores hasta de 15 hectáreas, que suman una producción de un millón 800 mil toneladas, a un precio de garantía de 6 mil 965 pesos por tonelada, mientras que para los productores más grandes se buscará componer un precio “razonable”, justo, por encima del precio del mercado internacional.
La estrategia no busca suplir al mercado sino proteger a los más necesitados, a los pequeños productores, y mediar entre grandes compradores y los grandes productores. Esta es una diferencia básica entre el gobierno de la 4T y los gobiernos anteriores que favorecían más a los grandes productores y compradores, a costa de sacrificar los ingresos de los más pobres.
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En esencia el conflicto de la comercialización de la cosecha de maíz en Sinaloa es expresión de una lucha política de fondo, entre los que durante muchos años se enriquecieron ilegalmente a la sobra de los gobiernos y quienes buscan un mayor equilibrio y justicia social. Desprestigiar al gobierno implica la posibilidad de asegurar votos para la oposición en las próximas elecciones del 2024.
Sin embargo, la mayoría de los productores más pobres, ejidatarios y pequeños agricultores, ya están inscritos en el programa de recepción de sus cosechas al precio de garantía y serán los primeros beneficiados, al recibir su pago, aunque algunos bodegueros les “pongan piedras en el camino” porque son acopiadores de grandes empresarios.
La estrategia consiste en sacar del mercado 1.8 millones de toneladas, compradas a los pequeños productores —a menos oferta mayor precio— para forzar al mercado a mejorar el precio, sin embargo, los grandes compradores han buscado aliarse con los grandes productores para obligar al gobierno a que les dé subsidios (para que no pierdan) y ellos comprarles al precio que les dé la gana y así ambos ganen a costa del dinero del gobierno.
No obstante, la definición de la 4T ha sido clara. Para evitar que los grandes compradores inunden el mercado con maíz importado para bajar el precio, el gobierno federal determinó cerrar la importación de maíz y establecer un arancel del 100% a la importación de tal manera que resulte mucho más barato comprar el maíz en México que importarlo.
Además, el presidente López Obrador anunció un acuerdo con los tortilleros de que sólo se maíz blanco para la producción de tortillas, es decir, que no se usará maíz amarillo ni transgénico, de tal manera que se estaría redireccionando la compra de maíz para tortillas hacia los productores de Sinaloa, lo que abre la posibilidad de empezar a construir un esquema propio para los grandes y medianos productores.
Sin embargo, el conflicto tiene muchos intereses y muchos frentes que lo han convertido en una guerra mediática entre el gobierno y grandes grupos de poder económico que pretenden presentar a las medidas del gobierno contra las acciones de empresarios voraces, como si fueran contra todas las acciones de todos los empresarios.
Yo no estoy en contra de los empresarios. Por supuesto que no. Yo Soy partidario del capitalismo, pero del capitalismo humano. Todo empresario que invierte y arriesga su dinero debe tener utilidades, “esas las respetamos y las protegemos”.
En esos términos se expresó el gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia semanera de este lunes en torno a su aparición en secciones financieras de periódicos nacionales e internacionales que lo criticaban por haber llamado a tomar empresas que están detrás de los productores que la semana pasada tomaron el aeropuerto internacional de Culiacán.
Es decir, en vez de presionar al mercado quieren presionar al gobierno para que les dé subsidios y que los grandes empresarios compradores del maíz, como Gruma, Cargil y Minsa se lleven las ganancias.
Sin embargo, no se trata de afectar las inversiones, sino las acciones abusivas de algunos inversionistas que buscan quedarse con las ganancias de los productores sinaloenses. Nosotros respetamos el estado derecho, como lo muestran los indicadores de la World Justice Proyect, organización internacional de la sociedad civil para extender el imperio de la ley en el mundo, en los que el gobierno de Sinaloa refrendo, este 2023, su posición en el quinto lugar en respeto al estado de derecho.
“No hay nada en contra de los productores” ni contra los empresarios, dijo el gobernador pero reiteró que las empresas “Gruma, Cargill y Minsa están actuando como monopolio”. Están entorpeciendo el proceso, porque tienen a sus acopiadores operando aquí y si éstos no nos reciben (el maíz), tiene que ver con sus compromisos con los de arriba”.
Rocha Moya reveló que esas grandes empresas quieren que fracase la estrategia de comercialización del maíz blanco impulsada por el gobierno federal, para comprar ellos a como les dé la gana. Agregó que “yo soy pequeño frente a los grandes poderes pero sigo insistiendo en que haya reciprocidad. Que dejen algo a los productores”.
El gobernador indicó que para los productores grandes se pretende componer un precio “razonable” y “justo” y que el gobierno también podría comprarles a algunos de ellos, pero les pidió que no se desesperen, mientras se concretan las acciones.
El problema de comercialización con los pequeños productores prácticamente estaría resuelto, salvo cuestiones técnicas como la recepción en bodegas y la agilización del proceso en SEGALMEX. Lo que queda aún pendiente y que el gobierno deberá abocarse a atender con visión de Estado es el esquema de atención a los medianos productores de clase media que si bien no están tan necesitados como los ejidatarios, si requieren un esquema de atención integral que les permita mejores condiciones de producción.
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Sin duda, el conflicto tendrá impacto en el proceso electoral del 2024, no obstante, la desbandada de cuadros del PRI en Sinaloa en los últimos días y su probable adhesión a Morena sugiere que la oposición tendría pocas posibilidades de recuperar posiciones electorales en las próximas elecciones y que Morena repetirá en el control del estado si, como se advierte hasta hoy, sus fuerzas salen unidas luego de la definición de la candidatura presidencial.
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