Reflexiones

Alejandro Luna Ibarra

“Entre la espada y la pared”, las asociaciones de padres de familia

Reducidas a un mero ritual de simulación para controlar las cuotas escolares

Las asociaciones de padres de familia (APF) de las escuelas de educación básica han sido, históricamente (desde 1949) la principal fuente de financiamiento del mantenimiento y reparación de los planteles escolares, mediante la recaudación de cuotas, la realización de eventos y la gestión directa de recursos ante instituciones públicas y privadas, sin embargo, la pugna por el control del dinero y la opacidad en el manejo de los recursos en las escuelas, por un lado, la excesiva reglamentación impuesta por las autoridades educativas locales y la indefinición de las autoridades federales, tienen hoy a las APF al borde de su extinción.

Creadas por decreto presidencial en 1949, reformado en 1980 y 1981, por José López Portillo, las APF han jugado un papel fundamental para el funcionamiento de las escuelas, pues aunque el Artículo Tercero Constitucional establece que la educación es gratuita, lo cierto es que el gobierno sólo ha cargado, hasta hoy, con el gasto de la construcción de escuelas y el pago del salario y prestaciones de los trabajadores y parcialmente algunos servicios, mientras que todo lo que implica material de limpieza, combustibles, reparaciones eléctricas, sanitarias, de plomería, servicios de jardinería, vigilancia, así como la construcción anexos y muchos otros gastos, han corrido por cuenta de los padres de familia.

El reglamento federal (que se sigue usando) establece que el director de la escuela deberá convocar a los padres de familia en los primeros 30 días posteriores al inicio del ciclo escolar para nombrar a la nueva mesa directiva de la APF, la cual se deberá encargar de recabar y administrar las cuotas escolares, gestionar recursos y realizar eventos de recaudación de fondos para mejorar las condiciones del plantel. Se llama, de manera oficial, a todos los padres de familia de la escuela a reunión por grupos, de donde se elige a los delegados del grupo para asistir a una reunión general de delegados donde se nombrará la nueva mesa directiva.

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Sin embargo, en virtud de que, en la mayoría de los casos, los padres de familia tienen que trabajar y carecen de preparación, experiencia y tiempo suficiente para cumplir con esa tarea honorífica, terminan transfiriendo sus funciones (y el control de los recursos) al director de la escuela que, a fuerza de la costumbre y bajo el argumento de que “la SEP no nos da ni una hoja partida por la mitad”, llega a considerar esos recursos como propios, que son de los padres de familia, reduciendo el funcionamiento de las APF a un mero ritual de simulación para tener el control de los recursos, que no siempre se aplican en el mejoramiento de los planteles escolares.

Pero no sólo los directores se interesan en esos ingresos, pues hay incontables casos en que también los directivos de las APF le han dado un uso distinto a los recursos de los padres de familia llegando al extremo, incluso, de demandas penales, por lo que las autoridades estatales han extremado las reglas para tratar de asegurar que el dinero se aplique en el mejoramiento de los planteles escolares. No obstante, las excesivas reglas impuestas por las autoridades estatales, tienen a las APF al borde de su extinción.

Con el propósito de garantizar transparencia en el manejo de los recursos, con base en el Manual de Organización y Funcionamiento de las Asociaciones de Madres y Padres de Familia, emitido por el Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, en el sexenio anterior, Juan Alfonso Mejía, se establece que las APF deberán constituirse formalmente como Asociación Civil, ante notario público, registrarse ante el registro público de la propiedad, abrir una cuenta bancaria de cheques mancomunada, registrarse ante el Sistema de Administración Tributaria de la SHCP y llevar una contabilidad formal de sus gastos y declaración fiscal.

LOS PADRES EN UN PREDICAMENTO

Entre el pago de notario por la constitución de la Asociación Civil y por cada asamblea que esta realice, el pago (también de cada asamblea) ante el RPP y el pago mensual de contador para llevar la contabilidad y la declaración fiscal, los padres de familia terminan pagando más por esos servicios que por el mantenimiento de las escuelas. Y para colmo, la constitución formal y funcionamiento de las APF como Asociación Civil no garantiza nada, pues ya hay casos documentados de problemas judiciales de APFs AC con hacienda.

Pero, por otro lado, si la APF no se constituye en AC, de todos modos se tiene que abrir una cuenta de cheques mancomunada –presidente y tesorero—, para administrar los recursos, solo que con la nueva normatividad fiscal, todos los recursos que ingresen a la cuenta bancaria por concepto de cuotas escolares y recaudación de eventos, son considerados como propios del titular de la cuenta, quien debe pagar ante SAT los impuestos correspondientes con esos ingresos como si en realidad se tratara de una ganancia empresarial.

El problema se vuelve más complejo si el titular de la cuenta –Presidente o tesorero— tiene alguna empresa particular, pues para el SAT, tanto los ingresos de la empresa como los de las cuotas escolares y recaudaciones de los padres de familia de la APF, entran como si todos fueran ingresos propios y hay que pagar los impuestos correspondientes. Así, las aportaciones de los padres de familia reunidas para mejorar los planteles escolares de sus hijos se terminarían usando para el pago de impuestos de una ganancia inexistente. Y lo más grave, si el titular de la cuenta, no hace la declaración fiscal correspondiente de esos ingresos en su cuenta estaría cometiendo el delito de evasión fiscal y podría ir a dar a la cárcel.

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Ante esta situación y con esta información ¿Quién quiere dirigir una Asociación de Padres de Familia de una escuela pública de educación básica? ¿Quién quiere perder su tranquilidad, comprar pleitos con medio mundo, arriesgar su trabajo, su salud y hasta su libertad, sólo por tratar de ayudar a mejorar el plantel de la escuela de sus hijos?

LAS APF TIENDEN A DESAPARECER

Si bien, la formación de Asociaciones Civiles para administrar y dirigir escuelas particulares es viable, por la cantidad de recursos que recauda y administra, en el caso de las escuelas públicas es inviable, pues, en muchos casos, los recursos que recaudan y administran las APF se verían gravemente mermados por los propios gastos de administración, además de que los padres sólo pueden estar en el cargo durante dos años, a diferencia de los dueños de las escuelas particulares que sola utilizan esa modalidad para el pago de impuestos de sus empresas.

Al respecto, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya asegura que se va a revisar el caso ya que el gobierno no les puede imponer reglas sobre el manejo de sus recursos a las asociaciones civiles, que tienen su propia normatividad y que los recursos que sí son auditables son los que les entregará el gobierno a través del programa La Escuela es Nuestra y que serán administrados por los consejos escolares donde los padres de familia jugarán un papel muy importante.

Sin  embargo, aunque la nueva Ley General de Educación, del 27 de septiembre del 2019, ya no contempla como objeto de las asociaciones de madres y padres de familia “Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar…” que aparecía en el Inciso III, artículo 67, de la LGE de 1993, en la práctica eso no ha cambiado.

Los recursos federales no bajan y las escuelas necesitan recursos, pero también se requiere transparencia en el uso y manejo de esos recursos. Sin embargo, pretender transparencia es difícil y hasta puede ser peligroso si no hay voluntad y respaldo institucional, ya que los padres de familia quedan entrampados en el “fuego cruzado” de la lucha de poder entre “la estructura” (directores, supervisores y jefes de sector) y las autoridades estatales del sector educativo.

En el artículo Segundo Transitorio de la nueva Ley General de Educación del 2019 se indica que “Se abroga la Ley General de Educación, publicada el 13 de julio de 1993” y que “se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto y precisa en el inciso X, párrafo 3, del artículo 130, que “La organización y el funcionamiento de las asociaciones de madres y padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale”, sin embargo, la autoridad educativa federal no ha señalado nada al respecto, a pesar de que la nueva ley se aprobó hace tres años.

Esto ha propiciado que, en la práctica, personal directivo y autoridades estatales continúen aplicando puntualmente el reglamento de las APF emitido en 1980 por el presidente José López Portillo –que habría quedado “sin efecto” por contravenir disposiciones de la nueva LGE del 2019—, no sólo en lo relativo en la recaudación de cuotas escolares, sino que se siga aplicando con los mismos procedimientos y prácticas de opacidad en el manejo de los recursos provenientes de los padres de familia.

La nueva LGE amplía las funciones de las Asociaciones de Madres y Padres de Familia, pero ya no contempla las aportaciones de cuotas escolares ni el manejo de recursos, sólo la labor de gestión ante las autoridades y la vigilancia y propuestas para el mejor funcionamiento de las escuelas.

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¿Es tiempo de que desaparezcan las cuotas escolares? ¿Alcanzará el dinero de La Escuela es Nuestra para el mantenimiento y reparación de las escuelas públicas de educación básica? ¿Podrán las AMPF de las escuelas públicas transitar hacia su independencia? ¿Están dispuestas las autoridades estatales a cargar con los gastos de administración de las AMPF que pretende obligar a constituirse en A.C? ¿Accederá el SAT a hacer una excepción de los impuestos en las cuentas de las AMPF? ¿Seguirá aplicándose indefinidamente el reglamento de APF de 1980, para la constitución de Asociaciones de Madres y Padres de Familia en las escuelas de educación básica, a pesar de que lo dejó “sin efecto” el artículo segundo transitorio de la Ley General del Educación (del 2019)?

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