Los maestros, ¿pobres o clase media?

La maestra Diana Clarissa, cuya renuncia a su plaza docente se hizo viral en redes sociales, no tuvo suficiente vocación para seguir siendo profesora de educación primaria con un bajo sueldo. Aprovechó hacer pública su renuncia para hacerle publicidad a su nuevo empleo. Y sin duda tiene otras habilidades que le permiten obtener mejores ingresos económicos fuera de la función docente “porque de vocación no se vive”. Las tres afirmaciones pueden ser ciertas porque no son excluyentes entre sí, sin embargo, la razón por la que el caso se volvió viral es porque identifica a cientos de miles de maestras y maestros que en algún momento han tenido que enfrentar (y probablemente siguen enfrentando) esa disyuntiva, sobre todo en los primeros años de su carrera.

Para obtener plaza de maestra de educación primaria se requiere acreditar estudios de licenciatura, acreditar la evaluación de conocimientos y aptitudes, acreditar cursos de habilidades docentes para la Nueva Escuela Mexicana, acreditar un curso de habilidades digitales, acreditar la formación pedagógica, el promedio general de carrera, acreditar cursos extracurriculares y experiencia docente, según lo establece la convocatoria de la USICAMM.

Una vez que se ha obtenido la plaza, la maestra percibirá un sueldo base (para 2023) de 4,819.14 pesos quincenales, más 1,640.57 por compensación ZE2 (para el caso de la zona económica 2), no acumulable para otras prestaciones como aguinaldo o jubilación. Sin embargo, debe pagar 640.29 de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros descuentos por cuota sindical, servicios médicos del ISSSTE y cuota de pensión y jubilación que suman otro descuento de unos 500 pesos, por lo que el sueldo quincenal de una maestra de educación primaria ronda los 5 mil 300 pesos quincenales. Unos 10 mil 600 pesos al mes.

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A partir de aquí, las maestras tienen la posibilidad de realizar una serie de actividades de preparación y desempeño que deberán evaluarse cada cuatro años, de acuerdo con las reglas del programa de promoción horizontal por niveles con incentivos, que van del nivel C1 al nivel C8, que les permitiría duplicar su sueldo base (obtener 10 mil 600 pesos quincenales) en un lapso mínimo de 16 años y triplicarlo (obtener 15 mil 900 pesos quincenales) en un periodo mínimo de 32 años, siempre  y cuando logre colocarse en los primeros lugares de evaluación en todos los exámenes durante esos 32 años, lo cual es bastante difícil, pues de lo contrario, cada examen que no apruebe equivale a un año de retraso en su promoción.

¿Apóstoles o profesionales de la educación?

Durante la primera mitad del siglo XX, especialmente en el periodo posrevolucionario, los maestros jugaron un papel muy importante en la organización y desarrollo de las comunidades, operando como agentes de cambio social, con un muy alto nivel de vocación de servicio y convicción revolucionaria, pero fue a partir de tres instituciones: la escuela rural mexicana, encargada de llevar alfabetización al medio rural, la escuela de la comunidad encargada de organizar a la comunidad en torno a su actividad económica dominante para favorecer su desarrollo social, cultural y económico y, las misiones culturales, orientadas a buscar el mejoramiento profesional del maestro rural y el progreso material de la comunidad.

Pero no sólo eso. La gran tarea se emprendió  bajo la dirección, visión liderazgo de José Vasconcelos, quien integró a la estructura educativa a personajes como Eulalia Guzmán, en alfabetización, a Rafael Ramírez, en educación rural, a Gabriela Mistral, en educación técnica femenina, al poeta Carlos Pellicer y apoyó a artistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros.

Vasconcelos lograba entusiasmar con su carisma a sus colaboradores. Hizo un “ejército de paz” de los maestros rurales y un “apóstol de la educación” de cada maestro, según su propia metáfora de raíz católica.

Más tarde, con Jaime Torres Bodet, se emitió el “Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública” (DOF, 1946), estableciendo plazas de confianza –por tiempo limitado– y plazas de base –por tiempo definitivo e ilimitado–, éstas últimas tomando dicho carácter pasados 6 meses 1 día de cumplimiento en la función, además de acordar obligaciones y derechos, jornadas de trabajo, intensidad, salarios, vacaciones, licencias, suspensiones y destituciones; todo ello como resultado de la lucha magisterial y la visión del secretario de educación.

En 1960 se expidió un decreto que reglamentaba la obligación de la SEP de destinar a los egresados de las escuelas Normales federales, las plazas que anualmente se vayan creando (De Ibarrola, 2012). Debido al papel desarrollado por los maestros en la primera mitad del siglo XX, y a la estabilidad laboral conseguida, hacia los años 60s y durante los 70s, los maestros gozaban de un amplio prestigio social y de un buen nivel de ingreso económico que los ubicaba como parte de la clase media. 

No obstante, hacia los años 80s, el valor que le daban los gobiernos a la educación había cambiado. La SEP se había convertido en una gran estructura burocrática anquilosada. Sin grandes líderes al frente de la educación y con el magisterio convertido en un gran “ejército electoral” al servicio del PRI, el prestigio y el poder adquisitivo de los maestros había empezado a decaer. Para entonces, sólo les iba bien a los líderes sindicales que controlaban las plazas, escalaban altos cargos en la burocracia y puestos de elección popular. 

Para entonces, también, cualquiera podía ser secretario de educación, aún los funcionarios más ignorantes del tema educativo, como Manuel Bartlett, Ernesto Zedillo, Fausto Alzatti, Josefina Vázquez Mota, José Ángel Córdoba y Esteban Moctezuma, incluso, hasta los enemigos del magisterio, como Emilio Chuayfett y Aurelio Nuño Mayer, expresando así el desprecio de los gobiernos por la educación y por el valor de los maestros.

En los 80s, un título profesional ya no era garantía de un buen nivel de vida y para aspirar a mejorar sus ingresos, los maestros y maestras tenían que dejar la función docente y tratar de ser director de escuela y posteriormente supervisor escolar, pero pocos podían escalar a puestos directivos, ya que no se trataba solo de un buen desempeño académico. 

El proceso para el cambio de vertiente, de maestro a director, pasaba fundamentalmente por una serie de requisitos como activismo electoral, lealtad político partidista y, sobre todo, la autorización del sindicato, situación que había empezado a causar un fuerte reclamo del magisterio nacional, lo que llevó, en 1994, a implementar el programa de Carrera Magisterial, que establecía la opción de promoción horizontal, a través de la cual una maestra podía mejorar sus ingresos mediante evaluaciones de conocimientos y desempeño sin tener que dejar la función docente. Se hablaba entonces de la profesionalización y revalorización social del magisterio. 

Profesionalización del magisterio

La Carrera Magisterial permitió elevar significativamente el poder adquisitivo de las maestras y maestros. Los maestros normalistas que aceptaban estudiar la licenciatura en educación primaria o preescolar, los fines de semana, podían entrar automáticamente al programa de carrera magisterial con solo acreditar sus estudios de licenciatura de la UPN, incrementando significativamente su sueldo, mientras que la acreditación de los estudios de posgrado en las subsecuentes evaluaciones permitían subir de nivel hasta duplicar o triplicar sus ingresos.

Las maestras tenían la posibilidad de elevar significativamente su nivel de preparación profesional y desempeño en la función docente y, al mismo tiempo, obtener mayores ingresos económicos al escalar los niveles A, B, C, D y E de Carrera Magisterial, con un tiempo de permanencia obligatorio de tres años en cada nivel, por lo que podían llegar al nivel máximo (E) en un periodo de 15 años, pudiendo evaluarse en cualquiera de los 3 años de permanencia en cada nivel.

No obstante, durante la reforma educativa del 2012, con la Ley del Servicio Profesional Docente (SPD) y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), subir de categoría para tener más ingreso se volvió sumamente complejo y estaba a expensas de que hubiera recursos para pagar el ingreso correspondiente a la categoría alcanzada en el K1, que se podía perder si no se mantenía el nivel en las evaluaciones subsecuentes. Y más aún, en su obsesión por el control del magisterio, la reforma establecía la evaluación obligatoria de todos los maestros para poder refrendar su plaza de base, ya que quien no se sometiera a la evaluación podía perder su plaza, como le se sucedió a cientos de maestros en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Con la llegada del gobierno morenista que inició el 2018, se eliminó de la legislación la parte punitiva y la evaluación volvió a ser opcional, lo que generó un gran alivio a los maestros. Sin embargo, tanto la nueva reglamentación como la operación del sistema de evaluación (USICAMM) que suplió al SPD, ha demostrado ser sumamente ineficiente, obstaculizando y retrasando el desarrollo profesional y económico del magisterio, pues obliga a las maestras y maestros a permanecer al menos 4 años en cada nivel (C1, C2, C3…) para poder promoverse al siguiente y mejorar sus ingresos, de tal forma que se necesitan al menos 32 años de servicio para alcanzar el nivel máximo (C8), lo que ha generado un rechazo generalizado del magisterio, al igual que la disposición de permanecer obligatoriamente dos años en un centro de trabajo para poder solicitar un cambio de adscripción

El Programa de Carrera Magisterial iniciado en 1994 establecía como mínimo 15 años de servicio y evaluación sistemática para alcanzar el nivel máximo de carrera (letra E) y casi triplicar el ingreso de la plaza inicial, mientras que el actual Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos, establece como mínimo de 32 años de servicio para alcanzar el nivel máximo (C8) de promoción salarial, de unos 15 mil 900 pesos quincenales.

Los maestros ¿pobreza o clase media?

El gran éxito de la propuesta electoral y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue concentrarse en atender primero a los pobres que fueron desatendidos y depauperados, particularmente desde finales de los 80s, cuando se rompió el pacto posrevolucionario, de los años 30s, entre ricos y pobres beneficiarios de la revolución mexicana (3T). A finales de los 80s, pocos ricos se volvieron muy ricos (llegando a estar entre los más ricos del mundo) y muchos pobres fueron a dar a la pobreza extrema, mientras sectores intermedios se acercaron mucho a niveles de pobreza. 

Ante esta situación, la justicia social fue la bandera más exitosa de la campaña electoral y lo sigue siendo en el gobierno de López Obrador, a través de los programas sociales que le dieron aliento y poder adquisitivo a los sectores sociales más desprotegidos, adultos mayores, discapacitados, becas a estudiantes… Igualmente, se aumentó el salario mínimo general de 88.56 pesos diarios en el 2019 a 207.44 pesos diarios, en 2023, lo que equivale a más de 2.35 veces lo que se ganaba cuando llegó AMLO al gobierno en el 2018.

El salario mínimo general aumentó de 88.56 a 102.68 pesos (16%) en 2019. De 102.68 a 123.22 (20%) en 2020. De 123.22 a 141.70 (15%) en 2021. De  141.70 a 172.87 (22%) y de 172.87 a 207.44 (20%) en el 2023. Con estos datos queda muy claro el cumplimiento de la política de primero los pobres. 

Sin embargo, los maestros que se identificaron plenamente con el discurso de AMLO en la campaña electoral (y apoyaron mayoritariamente con su voto) y que se entusiasmaron con el significativo aumento al salario mínimo en el 2019, no se han sentido muy representados en la política salarial del presidente López Obrador. Si bien se pusieron muy contentos cuando se canceló la reforma educativa –reforma a la LGE y la desaparición del SPD y la ley del INEE—, no han tenido aumentos significativos de salario, como esperaban, tampoco se les cumplió la promesa de la democratización del SNTE, no les han convencido las nuevas reglas de ingreso y promoción, que suplieron al Servicio Profesional Docente y que son reguladas por la USICAMM y, para colmo, en algunos casos, ahora tienen que tolerar los excesos de funcionarios que desconocen el campo educativo y que –en la SEP y en los estados— han adoptado las mismas viejas prácticas ilegales de apropiación de recursos y plazas con criterios políticos y personales, en complicidad con los operadores del SNTE y, en algunos casos, en pactos políticos con sus dirigentes.

Las estructuras de la SEP y de las secretarías de educación de los estados están infestadas de funcionarios ignorantes del quehacer educativo y de operadores sindicales y funcionarios de los gobiernos neoliberales, enemigos del magisterio, como los comunistas neoliberales en la dirección de la educación superior y el grupo de médicos parteros, adoradores de las competencias, del equipo de Aurelio Nuño –operador de la reforma educativa de Peña Nieto—, que dirigen la formación de profesores de todo el país a través de la DGESUM y que han empezado a incursionar en la aplicación del nuevo plan de educación básica que iniciará este 2023.

Sin embargo, los profesores no solo son “mal tratados” por funcionarios ignorantes del quehacer educativo empoderados y por sus enemigos neoliberales infiltrados en la administración, sino que, a diferencia de la 3T, donde fueron muy valorados y recompensada su labor, gracias a la visión y gestión de personajes como Vasconcelos y Jaime Torres Bodett, en la nueva transformación no aparecen. 

Mientras que el salario mínimo general aumentó 2.5 veces, del 2019 al 2023, pasando de 88.56 pesos (2,656.80 pesos mensuales) en el 2019, a 207,44 pesos diarios (6, 223.20 pesos mensuales) en el 2023, equivalente a un 235%, el sueldo de los maestros apenas subió 0.23 veces. Es decir, menos del 24% en cinco años. 

El aumento del 2019 para los maestros fue del 3.35%, el de 2020 fue de 3.5% más 1.8% en prestaciones (5.3%), el de 2021 fue de 3.4% directo al salario más 1.8% en prestaciones (5.2%), el de 2022 fue de 3.5% y el de 2023 fue 3.5% más 3.0% (6.5%) en promedio, ya que fue diferenciado de acuerdo con los niveles de ingreso por cada plaza, aumentando más a los que menos ganan, lo que en una suma global es del 23.85%.

Si bien resulta imposible aumentar el salario de los maestros (24% en cinco años) al mismo nivel de los salarios mínimos (235% en cinco años) porque no alcanzaría todo el presupuesto del gobierno federal para cubrirlo, lo cierto es que no se ha advertido hasta hoy una real política de revalorización del magisterio, tanto en el reconocimiento a su profesión como en su nivel de ingresos.

¿Debe, el magisterio, permanecer por vocación en niveles de pobreza, o aspirar a niveles de ingreso que le permita vivir bien, más cerca de la clase media, como en los años 70s?

Si bien, por su objeto de trabajo, por vocación y por tradición, los maestros se identifican con las clases más desprotegidas, lo que los llevó a apoyar a AMLO en el 2018, es no implica que aspiren a vivir en la pobreza ni que estén dispuestos a inmolarse por decreto o por “órdenes superiores” de funcionarios que desconocen el campo educativo.

Sin grandes líderes que los inspiren y los guíen –como Vasconcelos, Eulalia Guzmán, Rafael Ramírez, Gabriela Mistral, Carlos Pellicer, Siqueiros, Orozco y Diego Rivera, o Jaime Torres Bodett, en la posrevolución mexicana (3T)– y con dirigentes sindicales mercenarios que los usan como carne de cañón en procesos electorales, que los venden al mejor postor y han entregado sus conquistas laborales a cambio de negocios millonarios, los maestros no se advierten muy dispuestos a convertirse en los apóstoles de la 4T.

Sin instituciones eficientes que los respalden y con funcionarios enemigos del magisterio, que asumen el poder de sus cargos para satisfacer ambiciones político-electorales y apetitos personales, en complicidad con dirigentes sindicales, en la SEP y en los estados, difícilmente los maestros y maestras estarán dispuestos a profesar una ideología que los concibe y los quiere ver en los grupos de pobreza.

Que la mayoría de los maestros no hayan expresado su inconformidad a través de grandes movimientos de protesta, porque son institucionales, no implica que estén contentos con la política salarial, con las reglas de la promoción y con el trato de funcionarios rapaces infiltrados en los gobiernos de la 4T, sin embargo, su desacuerdo sí podría expresarse de manera significativa en los procesos internos de las próximas elecciones.

Y aunque el dirigente nacional del SNTE y sus dirigentes seccionales están dispuesto a hacer lo que sea por mantenerse en el poder del SNTE, aprovechando el control de las plazas de apoyo (no docentes) para formar “ejércitos electorales”, la mayoría de los maestros y maestras puede volver a demostrar que no están con sus dirigentes oficiales, como lo expresaron en el 2018.

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¿Los maestros deben mantenerse pobres y con los pobres por vocación o deben aspirar a mejorar su nivel de vida y el de sus alumnos?

Que la mayoría de los maestros y maestras no se atrevan a renunciar como Diana Clarissa, ya sea por vocación o por temor a quedarse sin trabajo, no significa que estén conformes con sus ingresos y con el trato que reciben de los funcionarios y su malestar podría sorprender en las próximas elecciones.