Repensar el Estado de bienestar en México

El modelo de Estado de bienestar que el presidente Lopez Obrador ha intentado implementar en México, desde que asumió el poder en 2018, es anacrónico e insostenible, tomando en consideración los cambios globales que ocurrieron desde mediados del siglo XX, cuando las autoridades nacionales tenían pleno control de las actividades económicas, así como de las instituciones políticas y sociales.

Un Estado de bienestar como el que plantea Andrés Manuel López Obrador es incompatible con las economías abiertas y competitivas; desalienta la innovación tecnológica y la capacidad emprendedora de los pequeños empresarios; rechaza la pluralidad, la crítica y la evaluación objetiva de las políticas públicas; desconfía y castiga a organismos autónomos y especializados de la sociedad civil; y por si fuera poco, sus programas de atención se basan en la lealtad, la sumisión y el clientelismo.

El concepto de Estado de bienestar es una propuesta de organización social, en donde se establece la intervención gubernamental como instrumento fundamental para garantizar el goce de derechos económicos y sociales que el mismo Estado reconoce a la población: salud, seguridad, educación, vivienda y trabajo digno, los llamados derechos humanos de segunda generación.

El Estado de bienestar emergió en los países occidentales a principios del siglo XX, a la par de la democracia, el nacionalismo y el movimiento obrero. Fue la respuesta a las desigualdades provocadas por las dos primeras oleadas de industrialización. El esquema inicial proponía distribuir los beneficios del progreso, con la intención de mantener la paz social, mediante un acuerdo entre la clase trabajadora y el capital, en donde el Estado fungía como principal mediador.

Así pues, el Estado de bienestar en su versión original presupone dos elementos que hacen viable su funcionamiento: primero, el crecimiento económico mediante la industrialización; y segundo, la lealtad política con la intención de domesticar a la clase trabajadora y al mismo tiempo definir los sujetos a considerar para los beneficios sociales.

En México el Estado de bienestar se comenzó a moldear normativamente luego de la Constitución de 1917 que recogió los principales reclamos de la Revolución; luego se fue configurando durante el corporativismo cardenista, hasta lograr su máximo esplendor durante la época del Desarrollo estabilizador (1954-1970), cuando se conjugaron los dos elemento indispensables para su implementación, la industrialización y la cohesión nacional, está última alcanzada muchas veces mediante la represión de la disidencia. 

El quiebre del Estado de Bienestar que en el mundo se suscitó desde la década de los ochenta, obedeció tanto al agotamiento del modelo de acumulación del capitalismo industrial, como al auge de una cultura de la diferencia que socavo las lealtades nacionales. Recordemos que sin la presencia de sus dos elementos fundamentales (crecimiento económico y cohesión social), el Estado de bienestar no es viable. 

El neoliberalismo supuso una ruptura con el modelo anterior. Y aunque este nuevo esquema basado en la flexibilidad y el intercambio global de mercancías representó un nuevo incentivo para la productividad, esto se logró no solo con una nueva era de innovación tecnológica, sino también a expensas de explotación laboral y la sobreutilización de los recursos naturales.

Este nuevo escenario de creciente desigualdad fue germinando un ambiente de insatisfacción y protesta, gracias a lo cual muchos gobiernos de corte populista han llegado al poder, no solo en Latinoamérica y el este de Europa (la periferia del mundo occidental) sino también en alguna parte de los países que antes eran considerados como centro del capitalismo.

Los partidos y líderes neopopulistas en todo el mundo se hicieron de las instituciones del Estado con la promesa de restituir el nivel de bienestar que había perdido la clase trabajadora durante la etapa neoliberal. En la mayoría de los casos, estos grupos han exacerbado un fervor nacionalista. Esto les ha permitido obtener la mayoría parlamentaria suficiente para realizar reformas que centralizan de nueva cuenta el poder, con la intención de implementar, sin ninguna traba, las llamadas políticas de distribución de la riqueza.

El problema con estas medidas, sin embargo, es que son políticas redistribuidas que no vienen acompañadas de estrategias de crecimiento económico. Esto aplica mucho más para los países latinoamericanos que se han quedado a la saga de las innovaciones tecnológicas que marcarán la pauta de la repartición de la renta global en los próximos años. 

Para el caso de México, este ha sido un sexenio perdido en términos económicos. De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, el País recuperará el PIB que tenía en 2018, solo hasta el último año de gobierno de López Obrador. En este mismo sentido, la evidencia más clara del correcto funcionamiento de un Estado de bienestar sería el fortalecimiento de las clases medias, sin embargo, las cifras del INEGI apuntan a que entre el 2018 y el 2020, 6.2 millones de mexicanos dejaron de pertenecer a los estratos medios, para sumarse a las filas de la pobreza.

Más que un Estado de Bienestar, lo que se tienen en México son programas de contención de la desgracia. Transferencias monetarias, ciertamente necesarias, pero que en última instancia únicamente sirven para compensar la incapacidad que han mostrado las autoridades para fomentar una economía de alto valor productivo y para contener la escalada de precios al consumidor.

Lo más grave del asunto es que, hoy en día en México, no solo hay más pobres, sino que también las instituciones democráticas se han debilitado, y con ello la posibilidad que tiene la población de participar en la discusión pública sobre la asignación de recursos en áreas que puedan detonar a mediano plazo la innovación de cara a una cuarta revolución industrial basada en tecnologías que ayuden a mitigar el impacto del cambio climático. Hacia allá apunta la renovación de los sistemas de producción.

Pero México está fuera de la jugada. Si el País en conjunto no replantea sus estrategias de crecimiento económico, innovación, empresarialidad y educación, los programas sociales terminarán por ser insuficientes para dar cobertura a una cada vez más creciente población vulnerable.

Un nuevo modelo de Estado de bienestar debe plantearse dejando de lado toda influencia corporativista. La historia ofrece lecciones de que esa vía conduce hacia la pérdida de libertades, y además es una condena de fracaso económico.