Por Isabel Ibarra Armenta*

En los últimos días se ha discutido sobremanera el tema de la comercialización del maíz y el trigo Sinaloenses del ciclo Otoño-Invierno, sin embargo, una buena parte de los productores continúan sin tener certeza sobre la venta de sus cosechas a un precio justo. 

Al momento, la propuesta del gobierno federal ha sido de respaldar con precio de garantía solamente a algunos productores, pero no a todos, Segalmex comprará hasta un millón de toneladas, y el gobierno de Rocha Moya hasta 40 mil toneladas, pero siguen quedando sin precio más de 4 millones. 

Ante ello, la respuesta del gobierno federal ha sido totalmente inverosímil, por ejemplo, imponer un arancel de 4 mil pesos por tonelada; esta administración deberá recordar que los acuerdos comerciales deben cumplirse, y que incluso el año pasado como parte de la estrategia del PACIC, se eliminaron aranceles a la importación de maíz blanco de Sudáfrica, país con el cual no se tiene tratado de libre comercio. Aun así, esta es una más de las tantas respuestas del presidente, para salir del paso, pues las importaciones de maíz blanco representan apenas aproximadamente el 2% de la oferta nacional, y el año pasado fueron escasamente 600 mil toneladas, suenan muchas, pero la oferta total en 2022 fue de 26 millones 335 toneladas. Por lo que, de inicio, el efecto que esto puede tener en el precio es verdaderamente pequeño. También, las importaciones de maíz tienen su mayor pico en Julio, por lo que igualmente a la fecha nada se resuelve con imponer aranceles, a países como Estados Unidos, porque nos saldría más caro el caldo que las albóndigas, pues ello podría generar represalias comerciales con nuestro mayor socio comercial y con quién en 2022 tuvimos una balanza comercial agrícola superavitaria de 15 mil millones de dólares, y un superávit comercial total de 132 mil mdd.

Además, justamente el proceso de localización y relocalización de empresas extranjeras, el famoso nearshoring, tiene como telón de fondo la apertura comercial de México con los vecinos del norte, por lo que, de entrar en una nueva controversia, se genera la incertidumbre para estas inversiones. La realidad es que estas inversiones han abierto una ventana de oportunidad muy significativa que no se veía en años, y cuyo resultado no se deriva de la presente administración sino de las pasadas, pues los acuerdos comerciales y la confianza en la política monetaria y el sistema financiero mexicano, que sigue mostrando fortaleza frente el cimbre de los mercados en Estados Unidos, se iniciaron con las profundas reformas realizadas en el periodo de Carlos Salinas y se consolidaron en los sexenios posteriores. Lo único que tendrían que hacer es no echarlas a perder, pero no se ve cómo. Ya en el verano de 2022, se discutieron diversas controversias por el tema energético, y otros en los que Estados Unidos y Canadá alegan violaciones al tratado, pero continúan sin presentar quejas formales ante instancias internacionales, y sin imponer algún tipo de restricción comercial. 

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Pero ¿cuál es el problema? ¿Es mayor la producción nacional de maíz blanco que en otros años?

La verdad es que no, los inventarios se redujeron, con respecto al ciclo 2021-2022 y la cosecha proyectada es 2.5% menor al año pasado. Algunos sugieren que la oferta nacional es demasiada, que el precio subiría si se reduce la producción, la realidad es que se exporta apenas el 1% de la producción total, lo que muestra que el mercado sí tiene capacidad para absorber la cosecha, así que en realidad el problema no es interno, es la producción internacional incrementada lo que genera esta catástrofe. }

Ante ello, hay quienes ya sugieren reconversión de cultivos y otras medidas de largo plazo, pero se sigue sin dar certidumbre a los productores, quienes ya de inicio pierden al aceptar un precio similar al año anterior, dado un incremento promedio de costos del 21 y 25% en maíz y trigo, respectivamente, y la alta inflación en el país. 

En especial peligro se encuentran los productores de trigo panificable ya que la producción nacional no rebasa el 30% de la oferta total en los últimos 10 años, por ejemplo, en 2022 fue de apenas un 20-25%, de tal forma que el grano sinaloense compite directamente con las importaciones, 75% de la oferta total, en mercados que ya están pactados y cuyos canales de distribución ya están trabajados, no son clientes nuevos, por lo que no tienen capacidad para influir en el precio sin el apoyo del gobierno. 

Esta nueva disputa del gobierno federal en realidad se torna como muchas, su no es no, salte quién salte, y no dará su brazo a torcer, no porque no haya recursos para el subsidio, más se dio, por ejemplo, en subsidios a la gasolina que en 2022 alcanzaron los 397.3 mil millones de pesos,  sino porque este gobierno insiste en sus propias opiniones y en la negativa de ceder ante las demandas que presenta el sector pues argumenta que serán los industriales los beneficiados y quiere obligarlos a pagar un sobreprecio.

Por otro lado, ciertamente México es un importador neto de maíz amarillo, se producen apenas entre el 12 y 15% de las necesidades del país, y una propuesta ha sido el incremento en la producción de este grano. No se debe tampoco olvidar que, al momento, se ha presentado otra controversia en el tema del maíz amarillo, cuya importación se quiere prohibir por su naturaleza genéticamente modificada. Ante este escenario, nuestro principal proveedor, Estados Unidos, ha presentado también quejas pues el gobierno mexicano no ha comprobado la manera en la que se daña la salud de la población, asimismo, dentro del decreto presentado el año pasado sobre su reducción para el consumo humano, se debe ponderar que apenas el 2.5% se destina a consumo humano, y que el querer transitar hacia la completa eliminación de importaciones de este grano, se requeriría aumentar su producción en aproximadamente 20 millones de toneladas. Lo cual implica un esfuerzo enorme de trabajo y convencimiento con los productores, con quienes por ahora no está atendiendo, a quienes también ha aludido pidiendo producir mucho maíz para ser autosuficientes. 

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En cualquier caso, imponer cualquier tipo de restricción puede costarle también millones de dólares en represalias comerciales. Así, de nuevo, vemos la cerrazón de nuestro presidente, y se observa una vez más la poca visión de resolución a conflictos que permitan el crecimiento y desarrollo económico de largo plazo, tomando el costo menor, mientras construye alianzas con los productores Sinaloenses, de quienes necesitamos todos.  

*Isabel Ibarra Armenta resultó es doctora en economía por la Universidad de Glasgow, maestra en economía regional por la Universidad Autónoma de Coahuila, y licenciada en economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Actualmente es presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa.

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