Culiacán, Sin.- Entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes estuvieron en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en México durante 2020, de acuerdo con un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). Las entidades con mayor población infantil en riesgo fueron Estado de México, Jalisco y Chiapas.

Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en México, el problema comienza desde la forma en que se nombra -o se evita nombrar- la violencia que atraviesa al país.

Desde su lectura, México arrastra más de dos décadas de un conflicto armado interno que ha generado economías ilícitas, militarización y control territorial, donde las infancias aparecen como uno de los grupos más expuestos.

¿Quién dispara en la guerra?

Durante 2024, entre 388 y 1,084 adolescentes fueron privadas de la libertad a nivel nacional por delitos en los que suele involucrarse la delincuencia organizada, según datos del INEGI. La cifra representó un incremento de 20.6% respecto a 2023. Estado de México, Sonora y Chihuahua concentraron la mayor cantidad de casos.

Pérez García advierte que estos registros suelen leerse sólo desde el ámbito penal, sin considerar el contexto de coacción.

 “En una guerra necesitas quien dispare. Tienes armas, pero necesitas personas. Ahí entra el reclutamiento, se necesita lo que llaman carne de cañón”, señala.

El defensor explica que el reclutamiento no siempre ocurre de forma visible. Puede incluir desde el uso de niñas y niños como vigilantes o informantes, hasta el traslado forzado de adolescentes entre estados para integrarlos a disputas armadas. Como el caso de Paul Alexander y Carlos Alejandro, ambos de 16 años, originarios de Jalisco y que contaban con ficha de desaparición desde mayo de 2025. Ambos jóvenes fueron encontrados sin vida en agosto de ese mismo año Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía de Jalisco confirmó más tarde que fueron reclutados a través de redes sociales.

En los registros nacionales, Sinaloa aparece con apenas tres casos de probable reclutamiento forzado. Sin embargo, el propio gobernador Rubén Rocha Moya reconoció públicamente la existencia de esta práctica en la entidad.

Durante 2025, 108 menores de edad fueron detenidos en operativos de seguridad realizados por el Grupo Interinstitucional. Aunque estas detenciones no se clasifican oficialmente como reclutamiento, especialistas advierten que en contextos de violencia armada las cifras deben analizarse con cautela.

“No hay ninguna garantía de que niñas, niños y adolescentes vivan libres de violencia. Por rango de edad, tienen más probabilidades de ser víctimas de desaparición, reclutamiento u homicidio que un adulto mayor”, sostiene Pérez García.

Consentimiento viciado

Para organizaciones y colectivas, uno de los principales obstáculos es la narrativa oficial que atribuye estas dinámicas a decisiones individuales.

“Sabemos que se dice que se unieron por cuenta propia, pero cuando el consentimiento está viciado por amenazas, pobreza o violencia, no podemos hablar de decisiones libres. Eso es reclutamiento”, afirma Priscila Salas, integrante de la colectiva feminista “No se metan con nuestras hijas”.

A este panorama, se suma la falta de acciones por parte de las instituciones que tienen la responsabilidad de realizar propuestas en pro de la niñez y las adolescencias. Pero esto casos, generalmente quedan impunes y eso solo refleja, dice Salas, una omisión institucional por parte de todos los niveles de gobierno.

“No vemos investigaciones abiertas desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no vemos propuestas desde SIPINNA, ni acciones claras desde la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ¿Quién protege a nuestros niños, niñas y adolescentes? Nadie”, enumera Salas.

Para José Iván Velázquez Aréchiga, director de Suma Sociedad Unida I.A.P., el reclutamiento no puede entenderse sólo como un problema de seguridad, sino como el resultado de un deterioro social acumulado.

“No es una decisión aislada de un adolescente. Es la expresión de un problema sistémico que tiene que ver con las oportunidades, los modelos de éxito y las estructuras familiares y comunitarias que hemos construido”, explica.

Velázquez Aréchiga advierte que muchas veces el acercamiento de grupos delictivos ocurre en espacios cotidianos: escuelas, comunidades, redes sociales.

“No es solo la cooptación directa. Es la normalización, los mensajes, los modelos aspiracionales que se reproducen”, señala.

Para las brigadas de búsqueda, el reclutamiento deja consecuencias inmediatas. Rosa Neriz, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda en Sinaloa, afirma que a raíz del inicio de este conflicto entre grupos criminales han percibido un aumento en los casos de desapariciones de menores entre los 14 a los 17 años de edad. Entre estos casos, algunos han sido localizados con vida y estos relataron haber sido forzados a participar en actividades delictivas.

“No se fueron de manera voluntaria. Los desaparecieron. Algunos jóvenes que regresaron dijeron que los obligaron y hoy tienen miedo. Tenemos al menos cinco casos, de esos que regresaron, que dijeron eso y por eso muchas familias los han sacado del estado”, relata.

Iniciativas legislativas ante el reclutamiento: un reconocimiento tardío

Recientemente, diputadas y diputados de la bancada del PRI en el Congreso de Sinaloa presentaron una iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento por grupos delictivos. La propuesta busca tipificar y atender este fenómeno desde el marco legal estatal, en un contexto de violencia sostenida en la entidad.

Al respecto, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en México, considera que, si bien las reformas legales pueden representar un avance, resultan insuficientes si no se reconoce que el reclutamiento forma parte de una triada de violencias: desaparición, homicidio y feminicidio, especialmente en territorios donde existe disputa criminal.

“Tenemos recomendaciones internacionales y hemos acompañado iniciativas, pero no son impulsadas porque a las elites no les convienen, porque si hay armas y no hay quien dispare, se acaba el negocio de la guerra.”, advierte.

Desde su lectura, la protección efectiva de las infancias requiere ir más allá de nuevas leyes y enfrentar las condiciones estructurales que permiten la coacción de niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos donde -como señala- “el cerebro jurídico no está formado y es más fácil coaccionar”, lo que obliga al Estado a asumir una responsabilidad reforzada en su protección.

“La neurociencia reconoce que las infancias están vulnerables, no hay reconocimiento de los peligros como tal y por eso hay una obligación del estado para protegerles. El cerebro jurídico de los adolescentes no está formado y es más fácil coaccionar. Por eso se les debe defender”.

“Tipificar el reclutamiento forzado en el código penal federal y los códigos penales estatales permitirá desmantelar las estructuras criminales desde su base, debilitando su capacidad operativa y disminuyendo la violencia en el territorio nacional. Complementar esta tipificación con mecanismos efectivos de desvinculación, rehabilitación psicológica y social, además de programas educativos y laborales adaptados a las necesidades específicas de género, convertirá a las víctimas en agentes positivos de cambio social; en algunos casos en testigos protegidos para la consilidación de casos de investigación de alto impacto. Además de atender las recomendaciones internacionales en la materia”.

Extracto de la carta abierta a la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo realizada por Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe el 11 de noviembre de 2025.