La desinformación en torno a los operativos de localización de diez o más mineros desaparecidos en el municipio de Concordia ocasiona que en muy corto plazo se extinga la confianza en las instituciones militares y ministeriales que de manera numerosa fueron enviadas a atender esta parte de la crisis de violencia, en las cuales está depositada la esperanza de las familias de las víctimas.

La Fiscalía General de la República procede a dosificar la información según convenga a la estrategia de minimizar el impacto de la situación después del hallazgo de fosas clandestinas en la comunidad El Verde, donde han sido encontrados sin vida tres de los trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp privados de la libertad el 23 de enero.

La desatención a grupos de rastreadoras, los datos que fluyen con lentitud y el cerco tendido en la zona aportan a la confusión que es caldo de cultivo para la especulación, recreando la idea de que algo muy grave se oculta en el contexto de la narcoguerra que hoy llega a 17 meses de homicidios dolosos, desapariciones forzadas, robo de vehículos y ataques contra servidores públicos, instituciones e inmuebles.

Culiacán con el mayor número de asesinatos, las privaciones ilegales de la libertad en Mazatlán, y Concordia bajo el control de la delincuencia que destierra a pobladores de comunidades enteras, son la mayor evidencia del colapso de la seguridad pública y el fracaso de los operativos y estrategias incapaces de situar el estado de legalidad encima de la barbarie criminal.

Las acciones fallidas para ubicar y rescatar a los mineros de Concordia refrendan que el miedo, abandono y luto persistirán en Sinaloa como costo pagado por los pacíficos e impunidad obsequiada a los segmentos del Cártel de Sinaloa enfrentados entre sí. ¿Cuánto tiempo más de narcoguerra? ¿Cómo y quién logrará detener el salvajismo que avanza a año y medio? ¿Hasta cuándo el gobierno tratará con respeto y dignidad a las víctimas y deudos, a las que ignora y les esconde información?