Culiacán, Sin.- Pese a que diputados de la bancada del PRI denunciaron que la propuesta de ley presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, que plantea expedir una Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Extorsión, no tuvo el tiempo suficiente para ser analizada, esta fue aprobada por mayoría en sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa.

Esta ley busca endurecer las sanciones por el delito de extorsión, con penas que van de los 15 a 25 años de prisión, en lugar de los cuatro a 12 años que estaban vigentes en la legislación actual.

Lo anterior se verá modificado una vez que se expida esta nueva ley y se derogue el artículo 231 del Código Penal local. Bajo este nuevo marco, la extorsión sería perseguida de oficio, sin necesidad de una denuncia de por medio, y atendida con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y protección a la niñez.

Previo a la votación, la diputada del PRI, Irma Guadalupe Moreno Ovalle, solicitó que no se dispensara la segunda lectura del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, como lo había solicitado la diputada morenista Erika Rubí Martínez Rodríguez. De acuerdo con la legisladora, la documentación fue recibida por el grupo parlamentario la noche anterior, alrededor de las 19:00 horas, lo que impidió un análisis adecuado del dictamen.

“Lo que pasa es que se acaba de pedir la dispensa de la segunda lectura y, dado que el dictamen lo recibimos, al menos en lo personal, ayer a las 7:00 de la noche, no tenemos ni 24 horas para poder analizarlo y aprobarlo. Solicito al pleno, y a mis compañeros y compañeras, que al menos podamos tener un poco de tiempo para analizarlo; que no se dispense”, señaló la diputada.

Aclaró que la bancada priista estaba a favor de aprobar cualquier ley que fuera en beneficio de la ciudadanía, como el combate a este delito, pero consideraron que hacerlo con esa premura y sin un análisis profundo podría resultar contraproducente. Como ejemplo, señalaron que la nueva ley no contempla la reparación del daño, como sí lo hace la legislación vigente.

Por su parte, la diputada de Morena, Teresa Guerra Ochoa, expuso que entendía la preocupación de los diputados del PRI por la premura, pero aseguró que se trataba de un tema que llevaba semanas en discusión en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la cual hay un representante del Grupo Parlamentario del PRI.

Destacó que la reforma permitirá incrementar las penas por el delito de extorsión, con el objetivo de imponer sanciones ejemplares que inhiban su comisión.

“El tema de la extorsión y lo que estamos haciendo es responder a una exigencia de regular una práctica que no solamente debemos erradicar, sino sancionar ejemplarmente. En ese sentido, en la propia Jucopo acordamos el mecanismo. Creo que el diputado Bernardino (del PRI) me había notificado que iba a llegar, tuvo complicaciones, pero aun así escuchamos las observaciones y las atendemos con gusto”, expresó la legisladora morenista.

Enfatizó que la reforma responde a una demanda ciudadana y atiende una problemática que se ha agravado, incluso con la comisión de extorsiones desde los centros penitenciarios.

La reforma fue aprobada con 33 votos a favor y tres abstenciones, estas últimas por parte de diputados de la bancada del PRI.

¿Qué cambia?

Con la nueva ley aprobada, la extorsión será perseguida de oficio, sin necesidad de una denuncia previa, y atendida con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y protección a la niñez.

La propuesta también establece una coordinación obligatoria entre la Fiscalía, las corporaciones policiales estatales, la Federación y otras entidades, así como la creación de unidades especializadas en extorsión dentro de la Fiscalía, apoyadas en el uso de tecnología, inteligencia y análisis regional.

En el ámbito penitenciario, la iniciativa endurece las medidas para inhibir la comisión del delito desde los centros de reclusión. Entre ellas se incluye la inhibición de señal celular, la prohibición absoluta del uso de teléfonos móviles a personas sentenciadas por extorsión y sanciones administrativas a directivos de centros penitenciarios que incumplan estas disposiciones. Además, se contempla la aplicación de prisión preventiva oficiosa en casos con agravantes y se obliga al Estado a implementar campañas de prevención, así como a brindar asesoría inmediata a las víctimas para evitar que el delito se consuma.

La propuesta se integra por 24 artículos básicos, divididos en cuatro capítulos, así como tres artículos transitorios. En el tercero se establece que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contará con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las adecuaciones correspondientes.

 

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