Por E. Liliana López López /GIASF*

La desaparición de diez trabajadores de una empresa minera canadiense en Sinaloa el pasado 29 de enero, pone nuevamente en el centro del debate el nexo entre desaparición y trata de personas con fines de explotación laboral. Tras el envío inmediato por parte del gobierno federal de 10 mil efectivos de diversas fuerzas de seguridad, se halló una fosa clandestina con diez cuerpos en el predio El Verde, en el mismo municipio. La identidad de cinco de ellos coincidió con la de los trabajadores desaparecidos, mientras que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch afirmó que “los Chapitos” [1] fueron los autores de la desaparición de los trabajadores a quienes confundieron con adversarios.

Como tantas otras de sus afirmaciones atinadas, las familias de personas desaparecidas llevan tiempo sosteniendo la idea de que la desaparición de personas se explica en muchos casos porque su objetivo es la trata de personas con fines de explotación laboral. Son atinadas, no solamente porque se fundamentan en el conocimiento profundo adquirido en la búsqueda en terreno, sino porque conjugan la lógica con la observación no atomizada de las evidencias. “No es posible que todos nuestros desaparecidos estén muertos. La empresa criminal es un negocio. Y como todo negocio, necesita quién lo trabaje. Muchos de nuestros seres queridos podrían estar ahí”, refirió la madre de una persona desaparecida en un taller que impartido por el GIASF .

La existencia de un posible campo de adiestramiento y desaparición forzada en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, dramáticamente expuesto en marzo del 2025, mostró de forma clara que entre la desaparición y la trata de personas hay una relación que no ha sido suficientemente indagada por la burocracia de la búsqueda y de la procuración de justicia. Si el paradero de las personas que estaban en ese sitio se desconocía y ellas eran adiestradas de manera forzada, eso no era azaroso, sino que tenía un propósito, pues muy probablemente era indicativo de que las personas reclutadas en ese  predio, eran instruidas para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades necesarias para sus captores: es decir, eran forzadas a trabajar.

La lista de eventos que apuntan en esta dirección es numerosa, distribuida entre diferentes entidades del territorio nacional y repetida en diferentes momentos, desde los inicios de la política de militarización de la seguridad pública y de “combate a las drogas” en 2006, hasta el presente. Por ejemplo, en Mocorito, Sinaloa, en 2009 un grupo de jornaleros agrícolas fue secuestrado por un grupo armado y obligado a trabajar de manera forzada en la siembra de marihuana. El hecho, según diversos actores locales, no era aislado, pues aseguraban que se repetía cada año en la época de producción de marihuana y amapola, entre abril y noviembre, donde campesinos eran engañados y obligados a sembrar. En esta versión coincidieron la Confederación Nacional Campesina, la Red Democrática de Pueblos Indígenas de Sinaloa y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

En Jalisco, en 2017, unos campamentos de entrenamientos y trabajos forzados fueron descubiertos por la Fiscalía del Estado[2]. Se ubicaban en los poblados de Tala, Ahuisculco, Los Navajos, cercanos a Guadalajara. Los testimonios de algunos sobrevivientes que lograron escapar, revelan el modo en que operaban: reclutamiento engañoso a través de redes sociales para ser escoltas o guardias de seguridad, supuesto entrenamiento, desaparición, tortura, y en múltiples casos, ejecuciones. Aunque no son propiamente desapariciones grupales, al menos, en Tala se tiene noticia de 60 familias que tienen personas desaparecidas. Se tiene registro de que estos jóvenes presuntamente reclutados eran jornaleros, lavacarros, albañiles, cargadores del Mercado de Abastos, ex policías, ex militares, jóvenes recién salidos de centros de rehabilitación de adicciones, todos, hombres en edad productiva con experiencia en trabajos físicamente exigentes.

En Zapopan, Jalisco, el 22 de mayo de 2023, desaparecieron 8 jóvenes, seis hombres y una mujer, todos empleados de un call center. La versión de las autoridades estatales es que se trataba de una empresa dedicada a fraudes telefónicos dirigidos a estadounidenses de edad avanzada a través de la supuesta venta de “tiempos compartidos”, actividad que servía como fuente de financiamiento de un grupo criminal. Medios locales perfilaban diversas hipótesis: una apuntaba a que había sido una venganza porque el fraude habría sido expuesto debido a la información salida del call center, otra señalaba que habría sido el castigo porque intentaron dejar de trabajar para la empresa. Hacia finales de ese mismo mes se localizaron cuarenta y cinco bolsas con fragmentos humanos, cuya identidad se confirmó que coincidía con la de los jóvenes desaparecidos.

Liberados en una operación llena de opacidad en la que no se explicó móvil ni responsables, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, liberó a 12 trabajadores de una empresa constructora que habían sido desaparecidos en Anáhuac en abril de 2024.

La reciente desaparición colectiva con la que abrió esta columna[3], es la de los diez ingenieros empleados de la minera canadiense Vizsla Silver desaparecidos en el municipio de Concordia Sinaloa el 23 de enero pasado [4], que laboraban en un proyecto de extracción de plata. Esta ocurrió en un contexto local donde dos fracciones del Cártel de Sinaloa, se disputan el liderazgo de la organización [5] lo que ha sumido a la capital de la entidad en una situación de seguridad crítica, un verdadero estado de excepción, que inició en septiembre de 2024 y se ha extendido por más de un año.

En efecto, toda empresa requiere mano de obra para funcionar. Con el crecimiento de la primera, crece también la demanda de la segunda. Entonces, la expresión narcotráfico no solo es ambigua, sino que es limitada, pues es conocido que los grupos criminales han pasado de centenrse en el negocio del tráfico de drogas ilegales, a diversificarse en otros giros tanto ilegales (trata de personas con fines de explotación laboral, trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión en diversas modalidades como cobro de protección o derecho de piso, huachicol, huachicol de agua; lavado de dinero a través de comercios tan diferentes como farmacias, restaurantes, carnicerías o laboratorios de análisis clínicos) como de legalidad porosa –monopolio de la venta de productos de consumo cotidiano como pollo, tortilla, refresco y cerveza—.

Esta diversificación de las empresas criminales no solo exige expansión en el sentido numérico, sino diversificación de las personas trabajadoras, formación y capacidades técnicas específicas lo que demanda a su vez, mecanismos de reclutamiento que se ajusten a dichas necesidades. De modo que a la contratación voluntaria –más atractiva en los casos de mano de obra poco calificada, es decir, de población pauperizada– se le suman otras modalidades: el engaño, las amenazas, la privación ilegal de la libertad y la desaparición.

De los casos arriba referidos, tanto el carácter colectivo de las desapariciones, como la reiteración del perfil gremial de las víctimas, en su mayoría hombres, son elementos que refuerzan la hipótesis de trata de personas con fines de explotación laboral.

Esto abre además otras preguntas respecto de los ingenieros de la minera que se relacionan con el resto de las personas desaparecidas en el país. Por supuesto, queremos que todas las personas  cuyo paradero se desconoce, sean localizadas, los ingenieros también. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme ¿Por qué no explora suficientemente la relación entre trata de personas y la desaparición como guía que permita la generación de hipótesis de casos en la búsqueda de personas y de perpetradores? ¿Qué se necesita para que una búsqueda de esas dimensiones, que activa no sólo recursos materiales y humanos, se reproduzca en otros casos? ¿Cómo conseguimos que se replique esa coordinación entre los poderes estatal y federal? ¿Qué impide que las autoridades procuradoras de justicia y encargadas de la investigación de los casos de desaparición, comiencen a agrupar el análisis de los casos para detectar patrones que permitan superar la visión de casos dispersos y fragmentados?

Queremos que los otros cinco mineros desaparecidos en Concordia aparezcan, sí. Pero también queremos que el resto de todas las personas que permanecen desaparecidas también regresen. No solo lo merecen, también tienen derecho a ser buscadas y a volver del manto obscuro de la desaparición.

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* Erika Liliana López López es feminista. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en sociología por la UNAM. Es integrante del GIASF e Investigadora del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la SCJN. Sus temas de interés son la pluralidad legal, los derechos de los pueblos indígenas, los enfoques que vinculan derecho y violencia para la comprensión integral de la desaparición de personas y de la justicia transicional. A veces el sentir le atora la escritura. Le gustan las cactáceas. No pierde la esperanza de aprender actuación.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Foto de portada: Quadratín.

Referencias

[1]  Una de las fracciones que se disputa con” Los Mayos”, el liderazgo del Cartel de Sinaloa en la entidad.
[2] Ahí encontraron a 15 hombres privados de su libertad quienes estaban reportados como desaparecidos. Testimonios de algunos quedaron asentados en la carpeta de investigación 1611/2017.
[3] Cuando empecé a redactar este texto, era la última de la que se tuviera noticia en los medios. Pero a esta se suman ya otras dos ocurridas en los días posteriores en la misma región del estado.
[4] Derivada de la detención de su líder histórico, Ismael “El Mayo” Zambada en junio de 2024.
[5] Este día se perdió el contacto con los ingenieros, pero no fue hasta el 29 de enero que la Fiscalía del Estado informó que había abierto una carpeta de investigación.