Al concentrarse la mayor incidencia de hechos de violencia en el sur de Sinaloa, principalmente en los municipios de Escuinapa y Concordia, las fuerzas armadas e instituciones de seguridad pública que actúan para contener a los criminales están obligadas a explicar qué sucede en esa región, además de reforzar las acciones de protección a la población y sectores económicos.

Debido a que dicha área de la narcoguerra se trata de la zona limítrofe de Sinaloa con Nayarit y Durango, una de las hipótesis considera posibles intentos de incursión de organizaciones del narcotráfico de otros estados que pretenden ampliar sus operaciones ilícitas en el contexto de enfrentamientos y debilitamientos en el cártel local.

La situación desencadena homicidios, privaciones ilegales de la libertad y desplazamientos forzados de familias que a la vez impactan en las actividades productivas como la minería, ganadería, maderera y el turismo que encuentra tomadsa por el hampa a comunidades de enorme significado económico, social, cultural e histórico.

La recuperación del sur de Sinaloa para reinstalar la ley y la tranquilidad es la asignatura pendiente de aprobar por el Ejército Mexicano, Marina Armada, Guardia Nacional y policías federales y estatales cuya función de ninguna manera es la de observar la violencia y hacer los correspondientes partes de guerra sino la de significar paz y certidumbre para la población y sus labores legítimas.

La desaparición de mineros en Concordia, de los cuales cinco han sido localizados sin vida, los repetitivos choques entre civiles armados en Escuinapa y Rosario y las personas que en Mazatlán son víctimas de privación ilegal de la libertad, denotan la franja violenta que debe preocupar y ocupar a las autoridades. En caso de que la fuerza pública siga sin dar resultados, y su tarea consista en contar a los muertos, la percepción social resolverá que el sur es otro bastión de Sinaloa donde el Estado pierde el control.