Culiacán, Sinaloa.- El pasado 28 de enero de 2026, el atentado contra los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya, de Movimiento Ciudadano, encendió las alertas sobre la violencia contra funcionarios en Sinaloa.

Este ataque ocurrido en Culiacán, a mediodía, se suma a una serie de agresiones contra actores políticos que ha venido incrementando en la entidad.

De acuerdo al proyecto “Votar entre balas” de la organización Data Cívica, entre 2018 y noviembre de 2025, se registraron 104 víctimas de ataques de violencia político-criminal en Sinaloa. De ellas, casi el 78% se documentó entre el 9 de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, periodo donde la violencia criminal se intensificó en la entidad debido a un conflicto interno entre grupos delictivos.

No es casualidad, sino reflejo de una tendencia de violencia político criminal que se ha ido intensificando en el Estado. Sandra Ley, una de las investigadoras detrás del proyecto de Votar entre balas, explicó que antes de 2018, Sinaloa no figuraba entre los estados donde llamara la atención los ataques contra funcionarios y actores políticos, pero tras ese año, la entidad comenzó a “pintarse en ese mapa”.

Actualmente, indicó, se posiciona en el lugar número 12 de las entidades con mayor número de ataques contra autoridades electas, personas candidatas, militantes, funcionarios y fuerzas de seguridad.

“Enfatizar que esos ataques nos hablan tanto de los casos de colusión como de los casos de resistencia. No podemos decir nada en sí sobre cuál es la lógica detrás de estos, o sea, como decir, estos ataques son solamente porque todos estos son políticos coludidos o son políticos que resistieron. Hay una mezcla y no los podemos identificar”, reflexionó.

Según la especialista, la clave está en la disputa territorial de grupos criminales y en la búsqueda de redes de protección dentro de las estructuras políticas y de seguridad. Es decir, la violencia hacia éstos actores incrementa cuando hay pugnas entre organizaciones delictivas, tal y como está sucediendo actualmente en la entidad.

Esto pues, los grupos criminales no solo se disputan mercados, también luchan por la protección de funcionarios, políticos, policías y otros actores que estén dispuestos a colaborar con ellos.

“Es que el crimen organizado busca generar esquemas de protección (…) de tal manera que puedan operar con cierto nivel de impunidad a cambio de dar ciertos beneficios que pueden ser muy amplios, a lo mejor doy ciertos dádivas económicas o me abstengo de generar violencia en estos lugares a cambio de o porque tengo un arreglo”, dijo.

En el caso particular de Sinaloa, el grupo con más víctimas de asesinatos, amenazas, ataques armados, atentados y desaparición, son las fuerzas de seguridad fuera de combate, es decir, elementos de seguridad que se encontraban en sus casas, en días de descanso o durante traslados.

De enero de 2018 al 20 de noviembre de 2025, se tienen documentadas 68 agresiones contra este grupo de funcionarios, casi dos terceras partes del total.

Entre estas cifras se engloban casos como el de Nayeli N, agente activa de la Policía Municipal de Culiacán, que fue atacada a balazos el 10 de diciembre de 2025, mientras se trasladaba en su vehículo particular por la carretera Culiacán-Navolato. Así como el asesinato al comandante Cristobal David, de la Policía Estatal Preventiva, quien el pasado 15 de julio de 2025 fue agredido mientras se encontraba en su día de descanso.

Las agresiones, explicó la especialista, se concentran en los municipios de Culiacán y Mazatlán.

Agregó que a nivel nacional, el 80% de los ataques son a funcionarios a nivel municipal, posiblemente ya que los municipios son las unidades administrativas más desagregadas y vulnerables.

“Porque el control territorial se va en ese nivel. Van tratando ¿Cómo logro controles territoriales? Pues no puedo controlar a todo el estado. Voy controlando a veces colonia por colonia y eventualmente municipio por municipio hasta que puedo controlar regiones enteras”, dijo.

De esta manera, el atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, se suman a una larga lista de agresiones contra actores políticos y funcionarios que ha sufrido un notable incremento en los últimos años.

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