Por Nilzy Angulo / Sociedad Educadora

Cuando una niña de diez años da positivo a fentanilo después de comer un tamal, el problema ya no puede explicarse como un accidente. Tampoco como un hecho aislado. Es una señal de alerta que obliga a mirar de frente una realidad incómoda: las infancias en México están creciendo en entornos cada vez más expuestos a la violencia y a las drogas, incluso en los espacios más cotidianos.

El 17 de febrero de 2026, siete niñas y niños de entre dos y once años resultaron intoxicados en Huauchinango, Puebla, luego de consumir tamales comprados en un puesto ambulante. La mayoría fue dada de alta tras recibir atención médica, pero una niña permaneció hospitalizada al confirmarse la presencia de fentanilo en su organismo. Una sustancia diseñada para uso médico altamente controlado, hoy convertida en uno de los opioides más letales que circulan de manera ilegal.

Ese dato, por sí solo, debería bastar para detener cualquier intento de minimizar lo ocurrido.

Cuando hablar de “accidentes” deja de tener sentido

Con frecuencia, hechos como este se explican desde la lógica del descuido o la mala fortuna. Se habla de errores, de fallas humanas, de situaciones extraordinarias. Sin embargo, cuando se observa el contexto completo, esa narrativa empieza a resquebrajarse.

No estamos ante un alimento simplemente en mal estado ni frente a una reacción inesperada del cuerpo de una niña. Estamos ante la presencia de una droga sintética de altísimo riesgo, una sustancia que hoy circula con tal normalidad que ha logrado infiltrarse incluso en los espacios más comunes de la vida diaria. Un entorno donde una infancia debería estar protegida, no expuesta.

La pregunta, entonces, deja de ser únicamente cómo ocurrió y se transforma en algo mucho más inquietante: ¿por qué es posible que ocurra?

Puebla no es una excepción

El caso de la niña intoxicada con fentanilo no es un hecho aislado ni exclusivo de una región del país. En los últimos años, distintos estados han registrado situaciones similares que muestran un patrón preocupante.

Recordemos que el año pasado, en Sinaloa, específicamente en el municipio de nueva creación, Eldorado, al menos catorce niñas y niños resultaron intoxicados tras consumir alimentos durante un convivio escolar que posteriormente dieron positivo a metanfetaminas. A ello se suma un contexto aún más grave: el aumento sostenido de la violencia letal contra menores de edad.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Fiscalía General del Estado, alrededor de 100 niñas, niños y adolescentes permanecen desaparecidos, mientras que los homicidios de menores aumentaron de 58 casos en 2023 a 90 en 2025, en su mayoría cometidos con armas de fuego. Estas cifras no son abstractas: representan vidas interrumpidas, familias devastadas y comunidades enteras marcadas por la normalización del miedo.

No es solo Culiacán. Es México.

Cuando se observan estos hechos en conjunto, resulta evidente que no se trata de una crisis localizada. La intoxicación de menores con drogas sintéticas, el aumento de homicidios infantiles y la exposición cotidiana a la violencia no distinguen fronteras estatales.

Hablar de “casos aislados” se vuelve insostenible cuando los mismos patrones se repiten en distintos puntos del país, con distintas sustancias, pero con las mismas víctimas. Las infancias y juventudes mexicanas están creciendo en un entorno donde el riesgo se ha vuelto parte del paisaje.

Las fallas que no podemos seguir ignorando

Esta realidad pone en evidencia fallas profundas. Fallas en la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes. Fallas en las estrategias de prevención de adicciones, que no alcanzan a responder a la velocidad con la que se expanden las drogas sintéticas. Fallas en la seguridad de los espacios comunitarios, escolares y familiares.

Pero también revela algo más inquietante: la normalización de lo inaceptable. La idea de que la violencia y las drogas son un problema inevitable, algo con lo que simplemente hay que aprender a convivir.

No basta con investigar los hechos cuando el daño ya está hecho. No basta con deslindar responsabilidades una vez que una niña ha sido hospitalizada o un niño ha perdido la vida. Garantizar el bienestar de las infancias no es un tema secundario ni una promesa a largo plazo: es una obligación urgente.

Porque cuando una niña termina intoxicada con fentanilo, cuando un niño muere por una bala, cuando una adolescencia se pierde entre la violencia y las drogas, la pregunta deja de ser qué pasó.

La pregunta es otra, mucho más incómoda y necesaria:

¿qué presente —y qué futuro— les estamos garantizando a nuestras infancias en México?

Desde Sociedad Educadora subrayamos la urgencia de garantizar condiciones reales de seguridad y protección para niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo los entornos comunitarios y escolares para que sean espacios seguros, y asegurando acciones integrales que resguarden su bienestar y su derecho a crecer y desarrollarse libres de violencia y de riesgos evitables.