Culiacán, Sinaloa.- Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), prevé que la comercialización del maíz sinaloense durante el ciclo agrícola actual se caracterizará por precios por debajo de los costos de producción, con la necesidad inevitable de un rescate por parte del gobierno federal para evitar una crisis mayor en el sector.
“Se requiere garantizar, por el gobierno federal y los gobiernos de los estados, que el productor sea rentable para que siga la actividad. De otra manera, van a caer a muchos productores en cartera vencida. Actualmente, por la falta de rentabilidad, con los precios actuales, se dejó de sembrar aproximadamente cien mil hectáreas de maíz en Sinaloa”, explicó en entrevista para ESPEJO.
De acuerdo con Anaya, Sinaloa alcanzará una producción cercana a 4.1 millones de toneladas, mientras que la industria harinera y molinera solo podrá adquirir entre 2.5 y 2.7 millones. Así, hasta 800 mil toneladas quedarían sin comprador.
El maíz se venderá tarde, pues los productores no aceptarán los precios del mercado internacional, mismos que actualmente rondan los 4200 pesos por tonelada debido a una alta producción en los principales países maiceros y el tipo de cambio desfavorable para la agricultura mexicana. Los precios del maíz sinaloense lo harían poco competitivo frente al maíz amarillo importado, por lo que el sector pecuario local y de otros estados preferirá adquirir maíz extranjero.
“No hay tira y afloje, los números son los números, es el mercado. El tema es de que hay que sentarse a la mesa para ver cuáles son los precios. No hay nada que inventar. Pero el tema no es el precio de mercado, el problema es el ingreso al productor, que es un tema del productor con el gobierno. Los compradores van a comprar al precio que sea más competitivo“, comenta.
El director de GCMA prevé que en 2026, debido a la menor producción derivada de la incertidumbre en la comercialización, México se mantenga por cuarto año consecutivo como el mayor importador de maíz a nivel mundial.
La política agrícola que dejó desprotegido al productor
Para Juan Carlos Anaya, el problema de fondo no es el funcionamiento del mercado ni la competencia entre compradores y productores, sino la ausencia de un ingreso garantizado que permita sostener la actividad agrícola.
Desde 2004 operó en México el Programa de Ingreso Objetivo, un mecanismo que garantizaba a los productores un precio mínimo por tonelada y en el que el gobierno cubría la diferencia cuando el precio de mercado se ubicaba por debajo de ese nivel.
El esquema, que inició con productos como maíz, trigo, sorgo, algodón, soya y arroz, y que posteriormente se expandió al cártamo, canola y girasol, permitió durante años dar certidumbre a la comercialización y al ingreso del productor, especialmente a quienes participaban en agricultura por contrato.
El programa, similar al que opera en Estados Unidos a través de su Ley Agrícola, beneficiaba a los productores que colocaban su grano en el canal comercial, es decir, entre 35 y 40 por ciento de la producción nacional, y tuvo diversas actualizaciones en sus niveles de apoyo para reflejar el aumento en los costos de producción.
Sin embargo, el esquema dejó de operar en 2019, cuando el gobierno federal eliminó los programas de comercialización agrícola y los sustituyó por el esquema de precios de garantía, enfocado únicamente en pequeños productores y dejando fuera a la mayoría de productores de Sinaloa.
En los últimos años, con la caída de los precios internacionales del grano, la ausencia de un marco para la comercialización ha derivado en una crisis de rentabilidad en el campo sinaloense y otras entidades de la república.
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