Manifestación interrumpe actividad legislativa: víctimas exigen justicia

Culiacán, Sin.- A las 11:00 horas de este martes, la Comisión Permanente del Congreso del Estado estaba lista para sesionar, pero la actividad legislativa fue interrumpida por dos voces: la de la agente de la Policía Municipal de Ahome, Dignora Valdez López, y la de la activista de Tacuichamona MX, Ximena con X. Ambas irrumpieron para exigir que las autoridades cumplan las recomendaciones que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió sobre sus casos, marcados por abusos, discriminación, violencia y omisión institucional.

Los y las legisladoras de la Comisión Permanente se vieron obligados a interrumpir la sesión. Durante 45 minutos estuvieron debatiendo, tratando de convencer a las manifestantes de ir a tratar su demanda en lo privado, pero ellas se negaron; no querían dar más plazos ni pleitesías. Exigieron una solución, una reparación integral del daño, sanciones a los responsables y la comparecencia de la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, así como un procedimiento administrativo contra Margarita Villaescusa Rojo, directora del Registro Civil.

NUEVE AÑOS DE HOSTIGAMIENTO SIN JUSTICIA: EL CASO DE LA POLÍCIA DIGNORA

Dignora Valdez exigió en el Congreso justicia tras casi una década de hostigamiento y violencia institucional dentro de la Policía de Ahome.

Dignora Valdez López lleva casi una década enfrentando hostigamiento laboral, acoso, discriminación y represalias dentro de la corporación policial de Ahome. Sus denuncias, documentadas desde 2016, incluyen detenciones arbitrarias y obstáculos para su ascenso.

La CEDH emitió el 3 de octubre la recomendación 08/2025, pero el alcalde, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, se negó incluso a recibirla en audiencia. De esto, ya han pasado al menos cuatro meses y no ha habido una respuesta. Colectivos como Iniciativa Sinaloa, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la Red por la Igualdad Sustantiva han solicitado reuniones para atender el caso, sin éxito.

La policía señaló que al menos 20 elementos están implicados en los hechos, la mitad aún en activo. Exigió que sean sancionados y que se aplique una reparación integral del daño, que incluya atención laboral y psicológica tras casi una década de violencia institucional.

Además, cuestionó la ausencia de protocolos de protección para mujeres policías que son víctimas de agresión dentro de sus propias corporaciones.

“Tenemos seis años prácticamente documentados donde estamos y seguimos yendo de una instancia a la otra. Duele ver que a parte de la situación que percibimos por los agresores, todavía la burocracia nos hace esto. Son años, no días, donde nos están desgatando. El venir aquí no es cómodo, no me gusta no me agrada.”, reclamó.

Recordó que un comandante señalado como responsable por el Órgano Interno de Control fue jubilado anticipadamente, evitando enfrentar cualquier sanción.

“Estoy aquí, luchando por la no repetición. Cuando llegó la recomendación pensé que era un éxito y esto avanzaba, pero no fue así. No es posible que no pueda el Congreso llamar al alcalde en funciones a rendir cuenta, duele. Son seis años, si no veo solución, iré a órganos internacionales”.

“SI ME SACARON A RASTRAS A MÍ, LO HARÁN CON CUALQUIERA”: XIMENA CON X

Ximena con X confrontó a diputados para exigir comparecencias y justicia tras la recomendación ignorada por violaciones a su derecho a la identidad.

Ximena con X también acudió a exigir transparencia y justicia. En junio, la CEDH emitió la recomendación 22/2025 por violaciones a sus derechos cometidas por Margarita Villaescusa Rojo, quien la expulsó con violencia, a rastras como ella llamó a esa acción, del Registro Civil, la humilló públicamente y le negó un trámite de reconocimiento de identidad que la ley sí permite. Aunque logró su cambio de nombre y género el 9 de septiembre de 2024, el agravio continúa.

La recomendación fue enviada a la Secretaría General de Gobierno, entonces dirigida por Feliciano Castro Meléndrez, quien decidió no aceptarla. Ximena recordó que el artículo 120 de la Constitución de Sinaloa obliga a hacer pública toda negativa y faculta al Congreso para citar a comparecer a quien incumpla.

“Entre las recomendaciones que emitió la CEDH está abrir una carpeta de investigación por la violencia, la reparación integral del daño y el cambio de estructura para la no repetición. En mi caso, ya fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mi caso sigue abierto”.

Señaló que lleva dos años agotando todas las instancias, mientras las autoridades repiten que las víctimas deben denunciar, aunque después, ignoran sus resoluciones. La burocracia para acceder a la justicia, dijo, es una afrenta y un precedente que valida la violencia contra la ciudadanía por parte de funcionarios públicos.

“El Gobierno del Estado dijo que Margarita Villaescusa no actuó mal. Agoté todas mis instancias con el Ejecutivo; queda el Legislativo. Hoy me ocurrió a mí, porque soy hocicona o lo que tú quieras, pero mañana va a ser otro; sienta un precedente para que el uso de la fuerza pública no obtenga una sanción”.

CONGRESO SUSPENDE Y SE VA OTRA SALA A LEGISLAR

Ante la insistencia de las manifestantes para obtener un compromiso de parte de la Comisión Permanente donde se garantice que se convoquen a los funcionarios implicados, los y las legisladoras decidieron salir de manera discrecional del Salón Constituyente del recinto legislativo, para reanudar la sesión en la sala adjunta. Esto lo hicieron sin avisar tanto a la prensa, ciudadanos, como las manifestantes.

Esto causo la indignación de ambas, ya que, de nueva cuenta percibieron que sus demandas fueron ignoradas. Fue por eso que decidieron ir a la sala adjunta para continuar con su manifestación, pero los guardias del Congreso del Estado intentaron impedir su paso. Que no continuarán avanzando. Se armó el forcejeo y los empujones.

-¡Se va a golpear, señora! ¡No sean así! -decía un guardia a Dignora.

Pesé a la negativa y el forcejeo, lograron ingresar y fue la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) quien finalmente autorizó a los trabajadores permitir el paso de ambas a la sala adjunta.