Culiacán, Sin.– Sinaloa se sumó a los congresos locales del país que aprobaron la reforma que reduce, de manera gradual, la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, a partir de 2027 y hasta 2030.

El dictamen, aprobado el pasado 24 de febrero en el Congreso de la Unión, requería de al menos 17 legislaturas estatales para que pudiera continuar su proceso legislativo. Sinaloa se sumó junto a Yucatán, Quintana Roo, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz a la lista de estados que dijeron si a la reforma.

La implementación será gradual, con una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones. También prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.

Actualmente, el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo establecen que la jornada máxima es de 48 horas semanales: ocho horas por seis días, con un mínimo de un día de descanso obligatorio a la semana.

Sin embargo, el proyecto no incorpora los dos días de descanso por cada cinco trabajados, que era una de las principales exigencias de agrupaciones como el Frente por la 40 Horas, y además incluye un ajuste en la cantidad de horas extra permitidas a la semana.

Paola Gárate Valenzuela, diputada del PRI, subió al estrado para pronunciarse a favor de la reforma, aunque advirtió que su voto era por la reducción de la jornada, más no porque considerara que la iniciativa estuviera completa, pues no contempla el segundo día de descanso y, dijo, implica modificaciones en el esquema de pago de horas extra.

“Reducir la jornada es justicia, pero justicia no es maquillaje… Nosotros hablamos de la gente que madruga, que se traslada y se parte el lomo, trabaja y todavía sigue trabajando en su casa. Por eso hablábamos de los dos días: si trabajas seis y descansas uno, no descansas, sobrevives, y más si vives entre las balas, como es el caso de Sinaloa”, expresó.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, defendió el proyecto impulsado por la Cuarta Transformación, asegurando que forma parte de una serie de reformas en favor de la clase trabajadora, como el aumento al salario mínimo, la eliminación del outsourcing y la llamada “Ley Silla”.

“No debemos ver esta reforma de manera aislada, hay que integrarla a todas las reformas que han hecho los gobiernos de la Cuarta Transformación para fortalecer las prestaciones y derechos de los trabajadores… Acuérdense cuando en los discursos se decía que no podía aumentar más de 4 por ciento los salarios; los gobiernos de la 4T, sin titubeos, han apoyado a la clase trabajadora”, puntualizó.

La votación se sumó a la del resto de estados que, en procesos acelerados y por unanimidad, aprobaron la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Lo que no se dijo: el aumento de las horas extra

 

En la discusión se habló de la reducción de la jornada, más no se mencionó con la misma claridad la otra parte de la reforma: el aumento de las horas extra permitidas de nueve a doce por semana.

Eduardo Alanís, integrante del Frente Nacional por las 40 Horas, explicó que el resultado no les sorprendió, pues lo calificó como una especie de “nado sincronizado” entre congresos locales, donde el voto expedito y la falta de debate profundo han sido la constante ante lo que consideran una línea presidencial.

El activista señaló que, en menos de 24 horas, distintos congresos aprobaron la reforma sin discutir el impacto del nuevo esquema de horas extra, lo que para el frente representa un retroceso en materia de derechos laborales.

“Lo que estamos viendo como frente es que justamente tenemos una seria preocupación, porque no nada más no se tiene el núcleo, que son los dos días de descanso; se queda igual que en 1917: por cada seis días de trabajo, uno de descanso. Además, nuestra preocupación se extiende porque se están abaratando las horas extras”, sostuvo.

Actualmente, la ley establece un máximo de nueve horas extra por semana. Con la reforma, el límite aumentaría a doce. De acuerdo con Alanís, aunque se mantiene el pago doble, el cambio impacta en el esquema previo, donde a partir de la décima hora se pagaba triple.

“Nosotros por eso decimos que se está legalizando la explotación laboral. ¿Por qué? Porque desde junio de 2024 ya está vigente el artículo 21 de la Ley para Sancionar y Erradicar la Trata de Personas en materia de explotación laboral, que incluye que el trabajador puede demandar penalmente al patrón por largas jornadas. Lo que hacen con esta iniciativa, desde nuestra perspectiva, es ampliar el margen legal de horas extra antes de que pueda configurarse ese supuesto”, puntualizó.

Asimismo, el frente cuestiona que la implementación gradual y no inmediata, ya que se presta para prolongar condiciones laborales que consideran insuficientes. Ante ello, anunciaron que se organizan para realizar manifestaciones en distintos congresos locales y preparan recursos legales para exigir que la reforma incorpore el segundo día de descanso y revise el esquema de horas extra.

“El trabajador no puede enfrentarse a ser obligado a cubrir esas horas extra. Él está solo: tiene a su favor su fuerza de trabajo, pero el patrón tiene el sistema económico y judicial. Con la mano en la cintura le pueden decir que, si no quiere hacerlas, habrá más personas que sí quieran ese salario y ese puesto. Es lo que no están previendo. Pareciera que la reforma se hizo desde una cámara empresarial, no desde un ente que se supone debe defender los intereses del pueblo”, concluyó.

 

 

 

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