El foco de la violencia se ha puesto en el sur de Sinaloa, sobre todo en los municipios de Escuinapa, Mazatlán y Concordia por el registro de bloqueos, el ataque con drones a campamentos militares y la desaparición de al menos 10 trabajadores mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver. Sin embargo, en esa región también están otros dos municipios con un alto nivel de violencia: Elota y San Ignacio.
En el primero los ataques han sido entre hombres armados y contra civiles, alcanzando incluso al alcalde Richard Millán, quien fue agredido en medio de un fuego cruzado apenas el 13 de febrero, cuando dejaba el Palacio Municipal.
“Tuve un pequeño percance, acababa de salir de mi trabajo, me diría a mi casa, cuando de repente escuchamos detonaciones. Estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. No fue algo dirigido a mí, no fue un ataque contra mi persona, simplemente tocó pasar por el lugar incorrecto”, dijo en un video que quedó colgado en sus redes sociales oficiales.
Presa el Salto. Foto: Marcos Vizcarra
El municipio de Elota es un lugar con altos niveles de violencia, tanto que cerró los proyectos turísticos de pesca deportiva en la Presa El Salto, visitada históricamente por turistas estadounidenses y canadienses. Aunque también se ha convertido en un refugio de personas desplazadas de pueblos del municipio vecino San Ignacio.
ESPEJO ha podido documentar que los pueblos Acatitán, Aguacaliente de los Yuriar, Ejido Gabriel Leyva Velázquez, Paredón Colorado, El Salto Chico y El Chirimole –sitios alrededor de la Presa El Salto– han sido atacados por grupos criminales, lo que ha provocado el desplazamiento masivo de personas.
“La mayoría se fueron a Elota. Allá algunos están recibiendo un apoyo económico del Ayuntamiento. Otros se fueron a Culiacán y unos más fuera de Sinaloa”, dijo un vocero de personas desplazadas en la región, quien solicitó anonimato por temor a represalias.
Hay otros pueblos donde se tiene toques de queda autoimpuestos por la gente a partir de las seis de la tarde, como en La Labor, El Tule y Los Mecates.
“Se quedaron a la buena de Dios. Yo les digo que se salgan, que eso no es vida”, dijo una vecina de La Labor a este reportero.
Fotografía satelital de las playas de El Patole
San Ignacio ha estado marcado por situaciones de violencia desde tiempo atrás, incluso antes de que detonara el conflicto entre “Mayitos” y “Chapitos”. Desde 2022 se tiene denuncias de vecinos de sitios como Rosendo Nieblas, El Patole y Dimas por actividad de minería aluvial en zona de playa. Se trata de un espacio de casi 3 kilómetros con excavaciones en un espacio declarado como zona natural protegida por el anidamiento de tortugas marinas y también como lugar de disfrute turístico para surfistas.
El acuerdo PFPA/31.2.2/3S.6/00100-25, cuya copia está en manos de ESPEJO, establece que debió iniciarse una investigación por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El resultado, sin embargo, ha sido prácticamente nulo, pues de acuerdo con pobladores de Dimas y El Patole, la minería ilegal se sigue desarrollando por grupos criminales.
Copia de pantalla sobre denuncia respecto a minería ilegal en San Ignacio
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