La minería en un país sin gobernanza

La minería en México es una de las industrias más castigadas y, paradójicamente, una de las más reguladas y estratégicas para la economía nacional.

Según datos de la CAMIMEX, la industria minera representa alrededor del 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y cerca del 8.7 % del PIB industrial, aportando dinamismo económico donde muchas otras actividades no llegan. Además, genera más de 416 000 empleos directos formales con remuneraciones que superan notoriamente el promedio nacional, y se estima que su cadena de valor sostiene más de 2.5 millones de empleos indirectos en múltiples regiones del país.

Aun así, trabajar en minería en México hoy se ha convertido en un acto de riesgo. La noticia del secuestro de trabajadores de Vizsla Silver en la zona de Concordia no solo es indignante, es profundamente reveladora. Revela el abandono institucional, la fragilidad del Estado en territorios críticos y cómo la violencia permea la vida cotidiana de comunidades que solo quieren producir, generar empleo y aportar al desarrollo regional. Los que pagan el costo no son las empresas como abstracción económica: son seres humanos — madres, padres, hijos, vecinos — que salen cada día a cumplir con su trabajo.

La minería, en su dimensión económica, es un motor que impulsa comunidades enteras. No solo aporta cifras al PIB; impulsa la actividad económica local, contribuye fiscalmente y sostiene inversiones que, de otra forma, no llegarían a regiones remotas. Sin embargo, esa aportación se ve opacada cuando la inseguridad establece las reglas del juego, cuando el crimen organizado cobra piso, cuando los operadores y trabajadores sufren amenazas directas. Esta situación expone una contradicción brutal: una industria clave para la estabilidad económica y la generación de empleos, sometida a condiciones de inseguridad que impiden operar con normalidad.

Es realmente preocupante que muchas empresas y proyectos mineros teman señalar al gobierno o denunciar presiones por temor a que se retrasen, condicionen o nieguen permisos ambientales y de operación. Eso no es solo una falla administrativa, es una falla estructural que deja a la deriva a quienes aportan al crecimiento económico y social del país.

Lo ocurrido en Concordia no es un hecho aislado; es un síntoma del estado de la gobernanza en México. Un síntoma de un país que parece ir en declive, donde el Estado avanza con lentitud frente a estructuras criminales que actúan con velocidad, organización y brutalidad. Y en esa carrera, Sinaloa parece ir encabezando el deterioro.

La gobernanza —ese conjunto de políticas públicas eficaces, instituciones fuertes, aplicación de la ley y ética pública — no es un concepto académico, es la base que sostiene la seguridad, la justicia y la certidumbre. Sin ella, no hay sostenibilidad posible. Se rompen los criterios ambientales, se vulneran los sociales y se vacía de contenido cualquier intento serio de responsabilidad empresarial. Y esto ocurre en un sector que, incluso con estos desafíos, aporta riqueza, empleos y divisas a la nación.

Cuando no hay gobernanza, no hay control ambiental real, se quiebra el tejido social y se normaliza el miedo como forma de vida. En ese escenario, la señal para inversionistas, profesionales y trabajadores es que trabajar honestamente ya no es sinónimo de certeza, sino de exposición.

¿Para qué sirve un gobierno si no protege a su gente, no garantiza seguridad y no hace cumplir las leyes?

Gobernar implica precisamente eso, establecer y hacer respetar las reglas del juego, proteger a la ciudadanía y sostener las condiciones mínimas para vivir y trabajar sin temor. Hoy, en muchas regiones del país —y particularmente en Sinaloa— eso no está ocurriendo. Y la minería, por su presencia territorial y su exposición directa, muestra con crudeza lo que está en juego: el futuro económico, social y ambiental de México.

Estamos cansados de la impunidad, de la lentitud, de ver cómo se castiga a quienes cumplen la ley mientras la ilegalidad avanza. La violencia no solo secuestra personas, también secuestra posibilidades de desarrollo, esperanza y cohesión social. Y mientras no se restituya un Estado de derecho efectivo y una gobernanza real, la sostenibilidad seguirá siendo una promesa vacía frente a una realidad dolorosa, indignante y agotadora.